La Casa Blanca
Oficina del Secretario de Prensa
Para su divulgación inmediata
5 de septiembre de 2017
Declaración del presidente Donald J. Trump
Como presidente, mi principal responsabilidad es defender a la población estadounidense y a la Constitución de Estados Unidos de América. Al mismo tiempo, no estoy a favor de que se castigue a menores de edad, que en su mayoría son ahora adultos, por las acciones de sus padres. Pero también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades, porque somos una nación donde se respetan las leyes.
El poder legislativo, y no el ejecutivo, redacta esas leyes, y esta es la piedra angular de nuestro sistema constitucional, que yo me comprometí bajo juramento a preservar, proteger y defender.
En junio de 2012, el presidente Obama eludió al Congreso para otorgar permisos de trabajo, números de seguro social y beneficios sociales a cerca de 800.000 inmigrantes ilegales que actualmente tienen entre 15 y 36 años. Los beneficiarios de esta amnistía ejecutiva, conocida como DACA, en general tienen ahora entre 20 y 30 años. En numerosas ocasiones, se presentaron al Congreso leyes que ofrecían esos mismos beneficios, y en todas las oportunidades fueron rechazadas.
En alusión a la idea de crear nuevas normas inmigratorias de manera unilateral, el presidente Obama admitió que “Sencillamente no puedo hacer estas cosas por mí mismo”; y sin embargo, eso es exactamente lo que hizo, evadiendo al Congreso y violando los principios más básicos que sustentan a nuestra República.
Funcionarios de 10 estados actualmente han presentado demandas contra el programa, y piden que mi Gobierno tome una decisión con respecto a su legalidad. El Fiscal General de Estados Unidos, los Fiscales Generales de numerosos estados y prácticamente todos los principales expertos legales han considerado que el programa es ilegal e inconstitucional y no puede ser defendido exitosamente en la justicia.
No puede haber una vía hacia una reforma inmigratoria basada en principios si el poder ejecutivo puede reescribir o anular leyes federales discrecionalmente.
La implementación temporaria de la DACA por el Gobierno de Obama, luego de que el Congreso rechazara en reiteradas oportunidades este enfoque de primero amnistía, también contribuyó a propiciar una crisis humanitaria, con el incremento masivo del número de menores no acompañados procedentes de América Central, incluidos, en algunos casos, jóvenes que más tarde se convertirían en miembros de pandillas violentas en todo el territorio de nuestro país, como la MS-13.
Solo mediante la aplicación rigurosa de las leyes inmigratorias podremos generar comunidades seguras, una clase media sólida y condiciones económicas equitativas para todos los estadounidenses.
Por lo tanto, teniendo en miras lo más conveniente para el país y las obligaciones de mi función, el Departamento de Seguridad Nacional iniciará una transición ordenada y una eliminación gradual de la DACA, que provea el menor nivel posible de perturbación. Si bien no se aceptarán nuevas solicitudes de permisos de trabajo, se respetarán todos los permisos de trabajo existentes hasta su fecha de vencimiento y hasta un máximo de dos años enteros a partir de hoy. Asimismo, las solicitudes que ya están en curso serán tramitadas, al igual que los pedidos de renovación de quienes tengan una fecha de vencimiento próxima. Este es un proceso gradual, y no una descontinuación repentina. Los permisos recién empezarán a vencer dentro de seis meses, y seguirán activos por hasta 24 meses. Por consiguiente, en la práctica, no voy a cancelar DACA, sino que voy a generar una oportunidad para que el Congreso finalmente actúe con respecto a este tema.
Nuestras prioridades de aplicación de la ley no han cambiado. Enfocamos nuestra actuación en los criminales, en las amenazas para la seguridad, en lo que cruzaron la frontera recientemente, los que se excedieron en el período autorizado por sus visas y en infractores reincidentes. He informado al Departamento de Seguridad Nacional que los beneficiarios de DACA no están entre las prioridades en materia de aplicación de la ley, a menos que sean delincuentes, estén involucrados en actividades criminales o formen parte de una pandilla delictiva.
La falta de aplicación —durante décadas— de las leyes federales inmigratorias por parte de Washington, D.C. ha tenido consecuencias tan predecibles como trágicas: salarios más bajos y mayor desempleo para los trabajadores estadounidenses, una enorme carga para los centros educativos y hospitales locales, el ingreso ilegal de peligrosos carteles de narcotráfico y criminalidad, y costos anuales de varios miles de millones de dólares que son solventados por los contribuyentes estadounidenses. Sin embargo, pocas personas en Washington manifestaron compasión por los millones de estadounidenses victimizados por este sistema injusto. Antes de preguntarnos qué es justo para los inmigrantes ilegales, tenemos también que preguntarnos qué es justo para las familias, los estudiantes, los contribuyentes y las personas estadounidenses que buscan empleo.
El Congreso tiene ahora la posibilidad de impulsar una reforma inmigratoria responsable que ponga en primer lugar los puestos de trabajo estadounidenses y la seguridad estadounidense. Estamos haciendo frente al síntoma de un problema más amplio, el de la inmigración ilegal, junto con muchos otros problemas inmigratorios crónicos que Washington no ha resuelto. Debemos reformar nuestro sistema de tarjetas de residencia (green card), que actualmente favorece a la inmigración con baja cualificación y genera una enorme carga para los contribuyentes estadounidenses. Hacia el futuro, la inmigración debe estar basada en el mérito; deseamos que quienes llegan al país estén en condiciones de sustentarse económicamente, contribuyan a nuestra economía y amen a nuestro país y a los valores que reivindica. En un sistema basado en el mérito, los ciudadanos gozarán de mayores oportunidades de empleo, salarios en alza y una clase media más sólida. Los senadores Tom Cotton y David Perdue han presentado la Ley RAISE, que permitiría establecer este sistema basado en el mérito y generar beneficios duraderos para la población estadounidense.
Estoy ansioso por trabajar con republicanos y demócratas en el Congreso para abordar finalmente todas estas cuestiones de un modo que ponga en primer lugar a los ciudadanos de nuestro país que trabajan arduamente.
Como lo he señalado antes, vamos a resolver la cuestión de la DACA con el corazón y con compasión, pero a través del proceso democrático legítimo; y al mismo tiempo, vamos a asegurarnos de que la reforma inmigratoria que se adopte brinde beneficios perdurables a los ciudadanos estadounidenses cuyos intereses se nos encomendó representar. También debemos tener corazón y compasión con los estadounidenses que están desempleados, tienen dificultades y han sido olvidados.
Por sobre todo, debemos recordar que también los jóvenes estadounidenses tienen sueños. Estar en el gobierno implica definir prioridades. Nuestra primera y máxima prioridad al impulsar la reforma inmigratoria debe ser mejorar los empleos, los salarios y la seguridad de los trabajadores estadounidenses y de sus familias.
¡Ahora es momento de que el Congreso actúe!
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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
