Congressional Record
9 de diciembre de 2016
Sr. LEAHY : Sr. Presidente, los países del Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala, enfrentan diversos retos similares : pobreza, pandillas, violencia, corrupción, crimen organizado. Uno de esos desafíos es que tienen sistemas judiciales débiles.
Desde que tengo memoria, los jueces en esos países, independientemente de qué tan poco calificados sean, han sido elegidos a través de procesos opacos que han beneficiado a aquellos que tienen conexiones personales o políticas o a quienes tiene la habilidad de complacer a los poderosos. Muy a menudo, los fiscales generales han resultado corruptos y han estado involucrados con el crimen organizado o sino han sido acosados y amenazados al punto que han desistido de emprender casos contra las élites poderosas o, en otros casos, han dejado el país por su seguridad y la de sus familias.
Pero hay señales de que las cosas están cambiando para mejorar. Hoy en día, cada uno de estos países tiene un fiscal general que está trabajando para terminar la historia de impunidad que ha permitido que casi cualquier persona, incluyendo miembros de la Policía y las fuerzas armadas, pudiera cometer los más atroces crímenes sin ser castigados.
En Guatemala, la Fiscal General Thelma Aldana Hernández; en El Salvador, el Fiscal General Douglas Meléndez Ruiz, y en Honduras, el Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla Banegas han mostrado que toman en serio su responsabilidad de actuar con profesionalismo e imparcialidad en búsqueda de la justicia. Por hacer esto, cada uno ha enfrentado intentos de desbaratar sus esfuerzos a través de intimidaciones y amenazas.
En el Congreso de los Estados Unidos reconocemos los desafíos y peligros que enfrentan y les expresamos nuestro firme apoyo. Ninguna democracia puede sobrevivir sin un sistema de justicia que tenga la confianza y el respeto del pueblo. No hay nada más fundamental para la credibilidad del sistema de justicia que una judicatura independiente y fiscales capacitados profesionalmente y dignos de confianza. El acceso igualitario a la Justicia es una necesidad para todas las personas, sin importar su estatus económico, raza, religión, origen étnico, género o afiliación política.
Serviría a los intereses de estos fiscales generales el compartir mejores prácticas; reforzar colectivamente la importancia de invertir en instituciones judiciales más fuertes; desarrollar una estrategia conjunta para promover desarrollo social, económico y el imperio de la ley, y establecer un mecanismo regional para recolectar y compartir información que apoye la prevención, investigación y persecución del delito.
También es crucialmente importante que sigan trabajando en cooperación con instituciones judiciales regionales independientes como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sr. Presidente, antes de ser Senador fui fiscal. Conozco los desafíos del trabajo y no hay nada más importante para un fiscal que contar con el respeto, la confianza y el apoyo de la gente.
Como Senador, he sido por muchos años ya sea el presidente o miembro de nuestra Comisión de Asuntos Judiciales. He defendido con vehemencia el principio de independencia judicial como la piedra angular de un sistema de gobierno democrático. Los jueces deberían ser seleccionados transparentemente con base en sus calificaciones profesionales, temperamento e integridad.
En mi calidad de presidente o miembro del Comité de Apropiaciones, el cual financia nuestros programas de cooperación externa, continuaré apoyando a los fiscales generales como los tres que he mencionado, que han demostrado valientemente su compromiso con la defensa del Estado de Derecho.
