Secretario de Estado, Michael R. Pompeo
29 de enero de 2020
Este día, el Departamento de Estado anuncia públicamente la designación de 13 personas en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones Presupuestarias, Operaciones Extranjeras y Programas Afines del Departamento de Estado de 2019. Esta designación se debe a su participación en violaciones graves de los derechos humanos en El Salvador relacionadas con la planificación y comisión de ejecuciones extrajudiciales de seis sacerdotes jesuitas y otras dos personas el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana en El Salvador. Estados Unidos condena todos los abusos contra los derechos humanos por parte de ambos bandos de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por partes gubernamentales y no gubernamentales.
El gobierno de los Estados Unidos cuenta con diferentes herramientas disponibles para casos de violaciones y abusos de los derechos humanos. La Sección 7031 (c) establece que, en los casos en que el Secretario de Estado tenga información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados, directa o indirectamente, en una violación grave de los derechos humanos o en un caso de corrupción, esas personas y sus familiares inmediatos serán no elegibles para ingresar a los Estados Unidos. La Sección 7031 (c) es solo aplicable para funcionarios gubernamentales. La Sección 7031 (c) no es aplicable a la conducta de personas que no son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, sin embargo, dichas personas pueden estar sujetas a otras restricciones de visa según la ley de los Estados Unidos.
El Departamento tiene información confiable en cuanto a que las siguientes personas han estado involucradas en violaciones graves de derechos humanos: Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio. Estos 13 exmilitares salvadoreños en los rangos de General a soldado estuvieron involucrados en la planificación y comisión de ejecuciones extrajudiciales de seis sacerdotes jesuitas y otras dos personas que se refugiaron en el centro pastoral jesuita el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana en El Salvador.
Estados Unidos apoya los continuos esfuerzos de rendición de cuentas, reconciliación y paz en El Salvador. Valoramos nuestra relación de trabajo actual con las Fuerzas Armadas salvadoreñas, pero continuaremos utilizando todas las herramientas y mecanismos disponibles, según corresponda, para abordar las violaciones y abusos de los derechos humanos en todo el mundo, sin importar cuándo ocurrieron o quién los perpetró. Las acciones de hoy enfatizan nuestro apoyo a los derechos humanos y nuestro compromiso para promover la responsabilidad de los perpetradores y alentar la reconciliación y una paz duradera.
