El Salvador (Nivel 2)
El Gobierno de El Salvador no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; no obstante, está realizando labores considerables para lograrlo y, de hecho, demostró un incremento de sus esfuerzos en comparación con el período del informe anterior. Por lo tanto, el país permanece en el Nivel 2. Entre dichos esfuerzos cabe mencionar el mayor número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas. La Procuraduría General incorporó a 11 fiscales nuevos para que trabajaran en los casos de trata y el gobierno cooperó con otros gobiernos en investigaciones conjuntas, una de las cuales dio lugar a una condena y pena de reclusión para el tratante. El gobierno identificó a más víctimas y aprobó una nueva ley para migrantes y extranjeros que concedía a las víctimas de la trata dos años de residencia con varios permisos de entrada y salida. No obstante, el gobierno no cumplió las normas mínimas en varios ámbitos clave ni asignó personal ni recursos suficientes para que las fuerzas del orden y los fiscales pudieran realizar investigaciones y enjuiciamientos. Al gobierno le costó implementar procedimientos para identificar a las víctimas en los grupos vulnerables, como los niños detenidos por realizar actividades ilícitas vinculadas a las pandillas y los migrantes irregulares que regresan a El Salvador. Asimismo, le costó emplear sistemáticamente enfoques centrados en las víctimas en las investigaciones y los procesos penales. Los jueces no comprendían a fondo las leyes contra la trata y les costaba entender el proceso de presentación de pruebas en los casos de trata. El gobierno contaba con pocos servicios de refugio para todas las víctimas; y los servicios para víctimas adultas de ambos sexos, así como para niños varones y personas LGBTI eran insuficientes. El gobierno ofrecía pocos servicios de reintegración o apoyo a largo plazo a las víctimas, lo cual las dejaba vulnerables a recaer en la trata. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no poseía personal ni fondos suficientes para realizar inspecciones laborales con hincapié en el trabajo forzoso. El gobierno no contaba con políticas ni leyes eficaces para regular a los reclutadores de mano de obra extranjera y responsabilizarlos civil y penalmente por reclutamiento fraudulento.
RECOMENDACIONES PRINCIPALES:
Brindar más servicios de refugio a todas las víctimas. • Aumentar los servicios especializados para víctimas adultas, menores de sexo masculino y LGBTI. • Implementar procedimientos para identificar de manera proactiva a las víctimas en los grupos vulnerables, como los niños detenidos por realizar actividades ilícitas vinculadas a las pandillas y los migrantes irregulares que regresan a El Salvador, así como emplear enfoques centrados en las víctimas en las investigaciones y los procesos penales. • Redoblar esfuerzos para investigar, enjuiciar y condenar a los tratantes, en especial en los casos de trabajo forzoso, incluidas las actividades delictivas forzosas. • Asignar personal y fondos suficientes a las iniciativas de la fiscalía y de las fuerzas del orden. • Intensificar la labor de capacitar a jueces en relación con las leyes contra la trata y el proceso de presentación de pruebas en esos casos. • Hacer cumplir las leyes que sancionan a los intermediarios laborales locales por prácticas ilícitas que facilitan la trata, como el reclutamiento fraudulento o el cobro de cargos excesivos por cuestiones de migración o empleo. • Modificar la ley de 2014 contra la trata de personas e incluir una definición de trata de personas congruente con el derecho internacional. • Realizar investigaciones penales exhaustivas y enjuiciar a los presuntos cómplices en el seno del gobierno en los delitos de trata. • Elaborar un nuevo plan de acción nacional para combatir la trata para el período de 2020 en adelante. • Elaborar un sistema de gestión de casos para mejorar la obtención de datos relativos a los casos de trata, su intercambio y análisis. • Ampliar las medidas de prevención de manera que alcancen a las poblaciones objetivo más vulnerables a la trata.
ENJUICIAMIENTO
El gobierno incrementó sus labores en materia de aplicación de la ley. La Ley Especial contra la Trata de Personas de 2014 tipifica como delitos la trata con fines de explotación sexual y el trabajo forzoso e impone penas de 10 a 14 años de prisión; estas penas eran suficientemente severas y, en lo que respecta a la trata sexual, acordes con las prescritas para otros delitos graves, como la violación. Apartándose de la definición de trata que aparece en el derecho internacional, la ley considera el uso de la fuerza, el fraude y la coacción como factores agravantes en vez de elementos esenciales del delito y las penas aumentan a entre 16 y 20 años de prisión para los delitos de trata que presentan esos factores. En la ley se define la trata de personas en líneas generales y abarca la adopción fraudulenta sin fines de explotación. Por otra parte, el gobierno invocó otras partes del código penal para enjuiciar los delitos de trata.
En 2019, las autoridades investigaron 80 casos (77 casos de trata con fines de explotación sexual, un caso de mendicidad forzosa y dos casos de trabajo forzoso), en comparación con 74 casos en 2018 (71 de trata con fines de explotación sexual y 3 de trabajo forzoso), 76 casos en 2017 (73 de trata con fines de explotación sexual, dos de trabajo forzoso y uno de servidumbre doméstica) y 55 casos de trata con fines de explotación sexual en 2016. En 2019, las autoridades procesaron a nueve individuos (ocho por trata con fines de explotación sexual y uno por trabajo forzoso) y condenaron a 12 (tres por trata con fines de explotación sexual y nueve por matrimonio forzoso), en comparación con nueve casos enjuiciados y siete tratantes condenados en 2018, nueve enjuiciados y seis condenados en 2017 y siete enjuiciados y seis condenados en 2016. El gobierno no brindó datos sobre las penas impuestas en 2019, pero oscilaban entre seis y 10 años de prisión en 2018 y entre 10 y 14 en 2017. La policía nacional efectuó registros en bares y discotecas de varias zonas del país con el objetivo de identificar posibles casos de trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo infantil; como resultado, la policía efectuó nueve arrestos por delitos sexuales contra adolescentes. En octubre de 2019, la policía y la Procuraduría General de la República efectuaron la operación Turquesa, un operativo de las fuerzas del orden para combatir la trata de personas, en San Salvador, Sonsonate y Chalatenango, en la que se identificaron casos de trata de menores con fines de explotación sexual en El Salvador y Guatemala. En octubre de 2019, la policía nacional de El Salvador y funcionarios inmigratorios desmantelaron dos redes de trata y tráfico de personas en la zona oriental del país. En 2018 las autoridades arrestaron a un presunto funcionario del gobierno acusado de narcotráfico y trata de personas; en el período de análisis del presente informe, el gobierno no pudo proporcionar información actualizada sobre este caso. En años anteriores, las autoridades investigaron a guardias penitenciarios y al extitular de la unidad especializada contra la trata de personas por presunta complicidad en delitos de trata pero no responsabilizaron a ningún funcionario, lo cual plantea graves inquietudes en torno a la falta de rendición de cuentas y la deficiente aplicación de la ley.
La Procuraduría General de la República incorporó a 11 fiscales nuevos para que trabajaran en los casos de trata, dos de los cuales lo hacían de manera remota en las localidades de San Miguel y Ahuachapán, conocidas por la trata de personas. Según observadores, las fuerzas del orden y los fiscales seguían sin contar con personal suficiente para las investigaciones y los enjuiciamientos, carecían de fondos para financiar las operaciones y de recursos, como tecnología adecuada para las comunicaciones que les permitiese compartir información de manera electrónica, equipo de oficina y transporte, ni recibían capacitación para investigar cabalmente los casos de trata e iniciar un proceso penal. Según informaron observadores y funcionarios, las fuerzas del orden y la Procuraduría General se beneficiarían de contar con un sistema moderno de gestión de casos que les permitiese obtener, compartir y analizar información sobre la aplicación de la ley. Según observadores, con frecuencia, la Procuraduría General asignaba a distintos fiscales a que se ocuparan de las distintas fases de una misma causa penal, lo cual entorpecía la capacidad de enjuiciar los casos de manera eficiente y cohesiva. El gobierno y distintas ONG informaron sobre las dificultades para enjuiciar casos con víctimas extranjeras dado que solían regresar a su país de origen antes de declarar, lo cual dificultaba concluir las investigaciones y conseguir condenas. Según los peritos, los investigadores a veces interrogaban a las víctimas de manera dura, lo cual las volvía a traumatizar. La violencia de las pandillas y la inseguridad en todo el país siguieron limitando el acceso de fiscales, investigadores y asistentes sociales al territorio controlado por las pandillas.
Funcionarios públicos y peritos externos indicaron que los jueces se mostraban cada vez más sensibles a los casos de trata. Sin embargo, según observadores, los jueces seguían sin comprender a fondo las leyes y normativa en contra de la trata y les costaba entender el proceso de presentación de pruebas en esos casos. Según indicaron algunos funcionarios, capacitar a los jueces para que comprendan la dinámica de los casos de trata y el uso de las pruebas no testimoniales para corroborar el testimonio de las víctimas, así como fortalecer la capacidad general de los sectores de las fuerzas del orden e inmigración, al igual que con los socorristas, mejoraría la eficacia al momento de identificar y enjuiciar los casos de trata. En respuesta a estas carencias, dos organismos internacionales colaboraron con el Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador para dictar un curso de capacitación de nueve meses de duración a 40 jueces en temas de trata que comenzó en julio de 2019. El gobierno colaboró con un organismo internacional y un gobierno extranjero para brindar a los jueces y al personal administrativo de los juzgados un curso corto para aprender sobre las pruebas digitales.
PROTECCIÓN
El gobierno incrementó las labores de identificación y protección de las víctimas; sin embargo, los refugios y servicios especializados seguían siendo limitados. El gobierno identificó a 124 víctimas (75 víctimas de trata con fines de explotación sexual, dos de mendicidad forzosa y 47 de trabajo forzoso), en comparación con 53 víctimas en 2018 (50 de trata con fines de explotación sexual y tres de trabajo forzoso), 72 víctimas en 2017 (67 de trata con fines de explotación sexual y cinco de trabajo forzoso) y 53 en 2016. De las 124 víctimas identificadas, 31 eran hombres adultos y ocho eran chicos adolescentes; fue la primera vez, desde 2016, que se identificó a víctimas de la trata del sexo masculino. En 2019, la Procuraduría General, en colaboración con la policía, el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, ONG y organismos internacionales, asistió a 111 víctimas con atención psicológica, alojamiento provisorio, capacitación y ofertas de empleo mientras que en 2018 el gobierno había remitido a 50 víctimas a ONG para que recibieran refugio y servicios. Todas las víctimas identificadas asistieron en el enjuiciamiento de sus tratantes.
El Consejo gestionó 19 oficinas para brindar información y servicios de remisión a víctimas en 15 municipios del país. En el Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Atención Integral Inmediata de las Víctimas de Trata de Personas lanzado por el gobierno en 2018 se delinean las funciones y responsabilidades de las instituciones públicas en respuesta a las víctimas de la trata de personas. La Ley de protección integral de niñez y adolescencia estableció un marco jurídico integral para tutelar los derechos de los menores, que comprende protegerlos del trabajo infantil y la trata. El Consejo Nacional contra la Trata de Personas brindó un manual a los funcionarios inmigratorios para que identificaran a posibles víctimas de la trata en las zonas fronterizas y les impartió capacitación; no obstante, el gobierno carecía de procedimientos formales para identificar a las víctimas de la trata en los grupos vulnerables, como las personas dedicadas al sexo con fines comerciales. Varios organismos brindaron algún tipo de capacitación en materia de identificación de víctimas a funcionarios inmigratorios, inspectores laborales, médicos, proveedores de servicios y profesionales del turismo. Los funcionarios observaron que los socorristas seguían teniendo lagunas de conocimiento en los procedimientos de identificación de víctimas y su aplicación.
Durante el ejercicio fiscal 2019, el gobierno no asignó un presupuesto al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para la atención a víctimas y la igualdad de género; sin embargo, en el ejercicio 2018, el presupuesto fue de US $370.960. El gobierno no brindó las cifras correspondientes al presupuesto para la unidad contra la trata de personas del ejercicio fiscal 2019, pero en 2018 fue de US $486.570. La asistencia a víctimas, que incluye los refugios, era limitada y no se contaba con atención especializada. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) se encargaba de mantener el único refugio para las víctimas de trata del país, que tenía capacidad para alojar a 12 niñas adolescentes; no había refugios para alojar a mujeres adultas. Asimismo, el ISNA señaló que, a raíz de las restricciones presupuestarias, tenían limitaciones para capacitar al personal en cuestiones de lucha contra la trata. Los refugios y servicios públicos para niños varones, adultos y personas LGBTI, así como para las personas con discapacidades, siguieron siendo prácticamente inexistentes y el gobierno dependía de organizaciones civiles y religiosas para atender a dichas víctimas. Algunas ONG informaron que estas víctimas necesitaban refugios y servicios de rehabilitación y de salud mental. Las autoridades ofrecieron poco apoyo a largo plazo o servicios de reintegración a las víctimas de la trata, lo cual las dejaba vulnerables a convertirse nuevamente en objeto de la trata. Por otra parte, las autoridades asistieron a los salvadoreños que regresaban del extranjero brindándoles servicios médicos, psicológicos y sociales, pero en 2019 no identificaron a víctimas de la trata entre los repatriados. Según los trabajadores sociales, había problemas y demoras para entrar a los vecindarios controlados por las pandillas para atender a las víctimas, lo cual entorpecía las labores de protección y asistencia a las víctimas. En el segundo trimestre del año 2019, el gobierno estableció la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, abocada a combatir el alto índice de violencia que sufren las mujeres y minorías del país, entre otros, a manos de las pandillas que se dedican a la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Las leyes salvadoreñas contemplan el pago de resarcimiento por orden judicial; sin embargo, en 2019 ningún juzgado dictó órdenes de este tipo. El gobierno brindó protección a los testigos y apoyo a las víctimas identificadas, como no revelar la identidad de las víctimas en los tribunales y permitirles dar testimonio por declaración jurada o videoconferencia. Los peritos criticaron las medidas de protección de testigos del gobierno y las caracterizaron de insuficientes dado que no seguían aplicándose una vez concluido el juicio. Algunos funcionarios del gobierno y representantes de ONG indicaron que la policía debía contar con más procedimientos y capacitación para identificar adecuadamente a las víctimas, interactuar con ellas y protegerlas dado que a menudo se las confundía con los delincuentes y hasta se las sancionaba por los delitos en que se veían implicadas. Las fuerzas del orden detuvieron y encarcelaron a menores asociados a las pandillas por delitos vinculados a estas, como la trata con fines de explotación sexual o el trabajo forzoso. La ley sobre la trata de personas de 2014 otorga a las víctimas extranjeras de la trata el derecho a solicitar residencia en el país, lo que les permitiría trabajar de manera lícita; no obstante, en 2018 y 2019 las autoridades no confirieron dicha protección a ninguna víctima extranjera, mientras que en 2017 esa protección se extendió a cuatro víctimas extranjeras, que acabaron solicitando ser repatriadas a su país de origen. En abril de 2019, la asamblea legislativa aprobó la Ley especial de migración y extranjería, que contiene un apartado sobre la trata de personas. Esta ley confiere a las víctimas de la trata residencia con varios permisos de entrada y salida por un período inicial de hasta dos años con opción a prórroga. Con el apoyo de un organismo internacional, en 2019, 12 municipios del departamento de San Miguel aprobaron una ordenanza municipal contra la trata de personas que contenía normas que las compañías y empresas locales deben seguir para prevenir la trata de personas, detectar casos y ayudar en las investigaciones. Se esperaba que las ordenanzas municipales permitieran una mayor colaboración entre la policía nacional y la municipal.
PREVENCIÓN
El gobierno mantuvo las labores de prevención. El Consejo Nacional contra la Trata de Personas coordinó la labor de 12 instituciones y prorrogó hasta finales de 2019 el plan nacional anterior contra la trata, que exigía que el gobierno adoptara iniciativas para prevenir la trata, identificar a las víctimas y protegerlas, enjuiciar a los tratantes, coordinar el trabajo interinstitucional, colaborar con el público e impartir capacitación. Según comentaron los observadores, el consejo carecía de uniformidad de criterio y continuidad al aplicar los programas para combatir la trata de personas y algunos expertos, además, criticaron el plan contra la trata por considerarlo partidista. El Consejo redactó un informe anual sobre la trata de personas, que distribuyó a las partes interesadas, pero al final del período de análisis del presente informe aún no estaba disponible. Por tercer año, el gobierno promovió la campaña Corazón Azul de la UNODC, que incluía vallas publicitarias y espacio en los medios de comunicación, pero no notificó ningún resultado concreto de dicha campaña. Por medio del Consejo se brindó capacitación a las empresas sobre el riesgo de la trata de personas. El ISNA, en coordinación con la Red de Atención Compartida, presentó 15 campañas de capacitación y concientización sobre la trata de personas a 350 socios de nueve redes. En julio de 2019, la Procuraduría de los Derechos Humanos, en colaboración con una ONG y la Unión Europea, lanzó un proyecto para combatir la trata de personas en ocho departamentos del país. El gobierno, en colaboración con Guatemala y Honduras, emitió una serie de avisos en los que se advertía a los padres sobre los peligros y fracasos de la migración y resaltaba su intención de enjuiciar a los tratantes. La policía nacional contaba con una línea de atención directa donde se podían denunciar delitos las 24 horas y una cuenta de Twitter, ninguna de las cuales arrojó pistas sobre la trata; sin embargo, en el número de emergencia, 911, se recibieron 46 posibles pistas sobre la trata de personas.
Ni en el Código de Trabajo ni en el Código Penal se estipulan multas ni sanciones por contratar a trabajadores de manera fraudulenta. Sin embargo, en 2019 el Ministerio de Trabajo gestionó la mayoría de los trámites de contratación con visa H-2A de El Salvador, que estipula que toda empresa extranjera debe respetar los derechos de los trabajadores salvadoreños, incluido el derecho a percibir una remuneración justa y advertía a los postulantes a dicha visa que toda oferta laboral en el exterior proviene únicamente del Ministerio de Trabajo. Dicho ministerio publicó declaraciones en las que advertía a los trabajadores sobre las ofertas de empleo fraudulentas. Si bien dicho ministerio adoptó una postura activa respecto al reclutamiento fraudulento de mano de obra para trabajos en el extranjero, no se pronunció de igual manera sobre las prácticas de reclutamiento nacionales. El ministerio administró un programa de inspección laboral, pero con personal y fondos limitados y, por tercer año consecutivo, no identificó ningún caso de trabajo forzoso. La falta de transporte y el acceso limitado a las zonas controladas por las pandillas dificultaron que los inspectores laborales pudieran realizar su trabajo en todo el país. Con miras a prevenir el trabajo forzoso, el Ministerio de Trabajo elaboró un plan de inspecciones laborales para verificar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de los trabajadores migrantes que llegaban a los puertos de entrada. El ministerio comenzó a reestructurar la Dirección General de Inspección de Trabajo a fin de ampliar tanto la prevención como la eliminación del trabajo infantil y comenzó a planificar un nuevo calendario de inspecciones laborales para 2020 con énfasis en el trabajo infantil, en especial en hoteles, discotecas y bares, donde puede haber trata de menores con fines de explotación sexual. En 2019 los inspectores laborales recibieron capacitación en materia de lucha contra la trata de personas. Si bien la legislación salvadoreña tipifica el turismo sexual como delito y estipula penas de cuatro a 10 años de prisión, las autoridades no notificaron ninguna investigación en materia de turismo sexual. El gobierno señaló que era difícil enjuiciar los casos de turismo sexual dado que, según la ley de 2014 en contra de la trata, este debe ocurrir específicamente en un establecimiento o complejo turístico. Según informaron algunas ONG, en el sector del turismo existía la trata con fines de explotación sexual. El gobierno no tomó medidas para reducir la demanda de actos sexuales comerciales.
PERFIL DE LA TRATA
Como se ha informado en los últimos cinco años, los tratantes de seres humanos explotan a víctimas nacionales y extranjeras en El Salvador y a víctimas salvadoreñas en el exterior. Según algunas ONG, el perfil sociodemográfico de los tratantes oscila entre los 18 y los 45 años y suelen tener la misma nacionalidad que las víctimas; en general, tienen un nivel de estudios levemente superior al de las víctimas y algunos tratantes tienen estudios equivalentes al nivel universitario. Los tratantes explotan sexualmente a hombres, mujeres, niños y niñas con fines comerciales dentro del país; los menores sin padres, las adolescentes y las personas LGBTI, en especial las transgénero, corren un riesgo especial. A veces los tratantes incluso explotan a sus propios hijos y familiares. En casos recientes de trata, las pandillas se hacían pasar por empleadores domésticos para engañar a las mujeres y obligarlas a contraer un matrimonio forzoso. Algunos hombres y mujeres, exvíctimas de la trata, pasaron a encargarse de las redes de trata. Los tratantes explotan a niños y adultos salvadoreños forzándolos a trabajar en la agricultura, el servicio doméstico, la mendicidad y la industria textil. Los tratantes explotan sexualmente a hombres, mujeres, niños y niñas de países vecinos, en especial Nicaragua, Guatemala y Honduras, y los someten al trabajo forzoso en la construcción, el servicio doméstico o el sector informal. Los tratantes reclutan a víctimas en las regiones del país aquejadas por altos niveles de violencia y coaccionan a esas víctimas y a sus familias con amenazas de violencia. Las pandillas reclutan activamente a niños y los sustraen, entrenan, arman y someten a trabajo forzoso en actividades ilícitas, como homicidio, extorsión y narcotráfico, y obligan a mujeres, personas LGBTI y menores a brindar servicios sexuales, en algunos casos para los pandilleros encarcelados, y también los obligan a trabajar en el servicio doméstico y a cuidar a los hijos de los miembros de las pandillas. Los tratantes explotan sexualmente a hombres, mujeres y niños y niñas salvadoreños y los someten al trabajo forzoso en Guatemala, México, Belice y los Estados Unidos. Además, explotan a algunos salvadoreños que emigran de manera irregular a los Estados Unidos y los someten al trabajo forzoso, a actividades delictivas o a la trata sexual en el camino o a su llegada. Asimismo, explotan a algunos migrantes latinoamericanos, sudamericanos, africanos y asiáticos que pasan por El Salvador en tránsito a Guatemala y América del Norte y los someten a la trata sexual y laboral. Las personas sin documentación son sumamente vulnerables a la trata. Los tratantes recurren cada vez más a las redes sociales y a las plataformas de mensajes para atraer a las víctimas. La corrupción y la complicidad, incluso dentro de las fuerzas del orden, el sistema penitenciario y los gobiernos locales, siguieron siendo un gran obstáculo para las actividades de aplicación de la ley.
